Fernando Granados Franco

La política de vivienda en México ha priorizado durante años la construcción de millones de unidades habitacionales en la periferia de las ciudades, donde el bajo costo del suelo permite a los desarrolladores edificar un mayor volumen de viviendas, sin considerar suficientemente los costos sociales de la ubicación ni la calidad del entorno en que se insertan.

Es cierto que este modelo ha facilitado el acceso a una casa propia para algunos sectores de menores ingresos, pero los costos de su localización han sido ignorados o minimizados, como el bajo acceso a zonas de empleos, servicios y satisfactores básicos como escuelas, clínicas, comercio, parques, entre otros. A esto se suma la falta de sistemas de transporte público eficientes, lo que dificulta aún más el desplazamiento diario de quienes viven en la periferia.

Este tema cobra relevancia porque en días recientes, la presidenta de México y la gobernadora de Aguascalientes anunciaron el inicio de un programa para construir 11 mil viviendas de interés social en la entidad mediante la habilitación de suelo público para que desarrolladores privados construyan nuevas unidades. Sin embargo, la mayor parte de las reservas territoriales del estado se ubican en la periferia de la ciudad capital y de las cabeceras municipales. Por lo tanto, es previsible que la mayoría de las viviendas estarán en ubicaciones subóptimas que podrían generar altos costos sociales y económicos para sus ocupantes.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (2017) ilustra mejor esta problemática. A través de encuestas aplicadas en conjuntos de vivienda social en algunas ciudades de México, Brasil y Colombia, se analizaron los efectos de la localización sobre el valor de la vivienda, el gasto en transporte y las redes familiares y sociales de soporte. Todos los hogares encuestados vivían en unidades con características físicas similares, pero la mitad residía a menos de cinco kilómetros del centro de la ciudad, y la otra mitad entre 10 y 15 kilómetros.

Los resultados son reveladores. Primero, mientras las casas más cercanas al centro aumentaron ligeramente su valor en un periodo de 12 meses, el valor de las viviendas en la periferia se mantuvo igual o incluso disminuyó. La localización es un factor clave en la valorización de las viviendas y, por lo tanto, del patrimonio de las personas: entre mayor es la distancia a empleos y servicios, menor puede ser la valorización de las viviendas.

Segundo, quienes viven en la periferia pueden gastar el doble de dinero y hasta tres veces más tiempo en sus traslados diarios. Una persona en la periferia puede tardar entre 50 y 70 minutos en llegar a su trabajo, lo que implica de dos a tres horas diarias en transporte. Lo mismo sucede al realizar actividades cotidianas como ir al supermercado: los hogares periféricos deben disponer de dos a tres veces más tiempo que aquellos en zonas céntricas, donde la oferta de comercio y servicios es mayor.

En ese sentido, el gasto en transporte es considerable. En Puebla, por ejemplo, los hogares que viven en la periferia destinan hasta el 34 % de su gasto mensual al transporte, frente al 16 % que gastan los hogares en zonas más céntricas. Más aún, la falta de sistemas de transporte público integrados y eficientes obliga a pagar múltiples tarifas por transbordos.

Tercero, el estudio destaca una consecuencia menos evidente pero igualmente importante: el debilitamiento de los lazos familiares y sociales. En las ciudades analizadas, sólo un tercio de los hogares en la periferia mantiene contacto frecuente con sus familiares, frente al 75 % de los que viven en zonas más céntricas. Además, la distancia y la falta de alternativas de movilidad reducen la posibilidad de recibir apoyo en tareas como el cuidado de los hijos. Una persona lo explica así: “Solíamos vivir con mi mamá y a una cuadra de mi madrina. Ellas me ayudaban a cuidar a mi bebé cuando nació y también cuando regresé a trabajar. Ahora tenemos nuestra propia casa. Eso es bueno, pero tengo que pagarle a una vecina para que cuide a mi hijo, y visitar a mi mamá es mucho más complicado”.

En suma, la política de vivienda no debe enfocarse únicamente en metas numéricas. No se trata sólo de cuántas viviendas se construyen, sino de dónde se construyen y qué calidad de vida ofrecen. La ubicación y el entorno urbano son elementos esenciales para que la vivienda sea una plataforma de desarrollo y no una trampa de aislamiento o precariedad.

En América Latina existen modelos exitosos que muestran cómo facilitar la construcción de vivienda social en zonas intraurbanas y mejorar su entorno con la participación del sector privado. Un ejemplo destacado es el de Bogotá, Colombia. Pero ¿existe en Aguascalientes la voluntad, el interés o cuando menos la curiosidad de explorar nuevos modelos y políticas habitacionales?

Este texto se publicó el 21 de abil de 2025 en El Heraldo Aguascalientes.

fernando.granados@alumni.harvard.edu | @fgranadosfranco