Fernando Granados Franco

Recientemente, el Congreso del Estado de Aguascalientes y la Coordinación General de Movilidad (CMOV) anunciaron una reforma a la Ley de Movilidad para regular el uso de scooters eléctricos. Las disposiciones incluyen: prohibir su uso a menores de 16 años, limitar su velocidad a 25 km/h, exigir casco, lentes de protección y aditamentos antirreflejantes, y permitir su circulación en las pocas ciclovías existentes.

Si bien la seguridad de los usuarios es fundamental, llama la atención que los esfuerzos institucionales se centren en regular un modo de transporte con presencia mínima en la ciudad. Los scooters no son, ni serán pronto, un medio preponderante en Aguascalientes. No existen condiciones mínimas de seguridad ni infraestructura adecuada para ellos, ni para otros modos distintos al automóvil. ¿Tiene sentido enfocar recursos en regular algo marginal mientras el transporte público, la caminata y la bicicleta —los modos que pueden transformar la movilidad— siguen desatendidos? Claramente no.

Los problemas estructurales de movilidad son cada vez más visibles: más tráfico y accidentes, mayor dependencia del auto, menor conectividad. Pero en lugar de abordarlos, se recurre a medidas aisladas y superficiales. ¿Por qué no se discute lo esencial?

En el transporte público, por ejemplo, la renovación de autobuses no ha estado acompañada de mejoras profundas en la cobertura, frecuencia, confiabilidad y velocidad del servicio. Una cosa es ofrecer wifi a bordo; otra es tener rutas cercanas y eficientes que permitan a las personas llegar rápido a sus destinos. Hoy, un trayecto puede tomar el doble o triple de tiempo en autobús que en auto o moto. Ir de Valle de los Cactus al Palacio de Gobierno puede tomar 1 hora en transporte público, frente a 20 en vehículo particular. De Villa Teresa al centro, el viaje puede extenderse hasta hora y media, mientras que en coche o moto toma 15 minutos.

El transporte público en Aguascalientes no es competitivo ni atractivo. En vez de facilitar la movilidad y el acceso a más opciones de empleo, salud, educación o esparcimiento, restringe las oportunidades de las personas. Se ha vuelto una opción de último recurso, y muchas personas se ven forzadas a comprar y mantener un vehículo, destinando recursos que podrían utilizarse en salud, educación, etc.

Como resultado, el número de usuarios del transporte público ha caído de 300 mil a 200 mil en pocos años. Mientras tanto, el parque vehicular no deja de crecer: hoy hay 760 mil vehículos motorizados en Aguascalientes, uno por cada dos habitantes, una de las tasas más altas del país. Esto es una señal clara del fracaso de la política de movilidad.

Algunos dirán que no hay recursos suficientes para transformar el sistema de transporte. Pero los hechos dicen otra cosa: el presupuesto para la Feria aumenta cada año, se destinan millones a proyectos de infraestructura inoperantes, se pretenden construir foros para conciertos; y mientras la rehabilitación del Tercer Anillo ha costado cerca de 500 millones de pesos anuales, el subsidio al transporte público es de 300 millones por año. El problema no es de dinero, sino de prioridades.

Otro punto crítico es la seguridad vial, especialmente en avenidas como el Segundo Anillo, donde el “flujo continuo” ha aumentado los accidentes. Existen soluciones probadas: cámaras “salvavidas” (fotoinfracciones) que reducen muertes y lesiones, rediseños viales para disminuir la velocidad, entre otras. ¿Por qué no se discuten soluciones reales más allá de campañas mediáticas?

Más aún, caminar y usar la bicicleta en Aguascalientes es cada vez más difícil. No por falta de “cultura” o porque “no somos Ámsterdam”, sino porque no existen condiciones para hacerlo: banquetas adecuadas, cruces seguros, ciclovías protegidas, trayectos continuos. Además, la construcción de pasos a desnivel ha fragmentado la ciudad, haciendo casi imposible moverse sin coche, incluso en trayectos cortos.

¿No sería mejor que las autoridades concentraran sus esfuerzos en gestionar recursos para infraestructura peatonal y ciclista de calidad y en buscar nuevas fuentes de financiamiento? ¿Por qué no discutir un impuesto a la tenencia vehicular que se etiquete para obras e inversiones en movilidad sostenible? Esa sí sería una discusión relevante.

A esto se suma la expansión urbana sin buena planeación –especialmente al oriente y poniente de la ciudad–, lo que agrava los problemas de movilidad. Se aprueban fraccionamientos distantes, dispersos, desconectados, sin mezcla de usos adecuada, que incrementan la dependencia del automóvil y hace inviable prestar un buen servicio de transporte. Urge vincular la planeación del desarrollo urbano con la movilidad, algo que no parece estar en la agenda de la CMOV, la SEPLADE, el Congreso ni los municipios.

Ante este panorama, la pregunta es inevitable: ¿no se deberían replantear las prioridades? ¿Tiene sentido regular los scooters mientras el transporte público, la movilidad activa y la planeación urbana y de la movilidad enfrentan problemas estructurales sin resolver?

La movilidad es clave para la equidad, la sostenibilidad y el desarrollo económico. Ignorarla o tratarla como un asunto menor es renunciar a un futuro mejor. Aguascalientes alguna vez fue referente nacional en planeación urbana. Tiene la oportunidad de recuperar ese liderazgo, pero no lo hará con medidas superficiales. Hace falta visión de largo plazo, decisiones valientes y compromiso con el bienestar colectivo.

Apostar por la movilidad sostenible y por una ciudad más justa y habitable es posible y necesario.

Este texto se publicó el 16 de junio de 2025 en El Heraldo Aguascalientes.

fernando.granados@alumni.harvard.edu | @fgranadosfranco