Fernando Granados Franco

En Aguascalientes se ha hablado durante años del rescate del río San Pedro, pero ninguna administración ha logrado transformar este activo natural de la entidad. La falta de recursos, la limitada capacidad de ejecución y los constantes cambios en las prioridades han impedido avanzar, y todo indica que la actual administración tampoco logrará resultados significativos.

El gobierno estatal anunció algunas acciones iniciales del proyecto “Corredor Ecológico Río San Pedro”, como la construcción de un parque en la colonia Pirules y operativos de limpieza, con una inversión de apenas 40 millones de pesos, frente a un costo total estimado en más de mil millones. El gobierno confía que la federación aporte recursos para este proyecto, lo que difícilmente ocurrirá, pues las finanzas nacionales están en situación crítica y este tipo de proyectos no son su prioridad.

Para lograr avances reales y evitar que la recuperación del río San Pedro siga quedando en buenas intenciones, los gobiernos de Aguascalientes deberían ser mucho más proactivos, creativos e innovadores para movilizar recursos y financiamiento que realmente permitan ejecutar las obras necesarias para el saneamiento y la recuperación del río, y transformarlo en un verdadero activo ambiental, urbano y social de la entidad.

Así como en otros sectores —por ejemplo, en temas energéticos— el gobierno ha sido particularmente decidido para conseguir recursos de múltiples fuentes, también podría serlo para el río San Pedro. Por ejemplo, se podrían explorar mecanismos bursátiles para financiar obras de infraestructura. Un ejemplo son los Bonos Verdes, instrumentos mediante los cuales se obtienen recursos para financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos que ayuden a resolver o mitigar un problema ambiental específico, como la gestión de recursos hídricos y la revitalización de ríos.

La totalidad de los recursos provenientes de la emisión de un Bono Verde debe destinarse exclusivamente a financiar los proyectos seleccionados, por lo que deben administrarse de manera separada al presupuesto general de la entidad emisora. Dicha emisora puede ser cualquier entidad privada o gubernamental —nacional, estatal o municipal— que cuente con la certificación necesaria para emitir bonos.

En diciembre de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México fue el primer gobierno subnacional del país en emitir un Bono Verde, por un monto de mil millones de pesos, con el cual se financiaron proyectos de transporte público. En ese caso, el agente colocador fue la Secretaría de Finanzas de la CDMX, y las empresas compradoras fueron afores y aseguradoras, entre ellas Citibanamex, Banorte XXI, Sura y Monterrey New York Life.

De forma similar, podrían explorarse los Bonos Azules, instrumentos financieros para proteger los recursos hídricos y que pueden destinarse a la construcción de infraestructura de agua y saneamiento. Si uno de los principales retos del río San Pedro es la gestión del agua residual y la eliminación de descargas al cauce, este instrumento podría ser una opción. En 2023, Desarrollos Hidráulicos de Cancún, la concesionaria de agua de esa ciudad, realizó la primera emisión de un Bono Azul en el país para financiar plantas tratamiento de aguas residuales, entre otras infraestructuras. Tomando este ejemplo, en Aguascalientes la pregunta es si el MIAA podría obtener la certificación para emitir cualquier tipo de bono, pues no parece operar con la suficiente transparencia ni eficiencia.

Además, pueden explorarse fuentes alternativas de financiamiento para desarrollar proyectos ejecutivos y otros trabajos técnicos. En Chile, por ejemplo, para el proyecto de recuperación del río Mapocho —que tuve un costo de 1,700 millones de pesos—, el gobierno gestionó la colaboración de empresas privadas para elaborar y donar todos los estudios y proyectos técnicos necesarios. Enel, una de las principales empresas energéticas, donó el proyecto eléctrico; Aguas Andinas, la principal empresa de agua en Chile, elaboró el proyecto hidráulico; y Megacentro, una empresa de logística, contribuyó con el proyecto estructural. Por otro lado, el gobierno logró que el Instituto Geográfico Militar realizara el levantamiento topográfico del río y que el Instituto Nacional de Hidráulica se encargara de la modelación tridimensional

En resumen, el proyecto del río San Pedro difícilmente se hará realidad si se espera que el presupuesto estatal sea suficiente para financiar las obras necesarias o se confía en que la federación enviará recursos adicionales. Urge explorar nuevas fuentes de financiamiento, pensar fuera de la caja, asesorarse con expertos, y pasar de las ideas a la acción y de los renders a la ejecución.

Este texto se publicó el 20 de octubre de 2025 en El Heraldo Aguascalientes.

fernando.granados@alumni.harvard.edu | @fgranadosfranco