Fernando Granados Franco

En Aguascalientes, los hechos de tránsito han aumentado de manera considerable. Por ejemplo, según el Centro Estatal de Emergencias en Salud reportó que, sólo en el primer cuatrimestre de 2024, fallecieron 148 personas en accidentes viales en el estado, prácticamente una víctima diaria. Por su parte, el actual director de movilidad del municipio capital señaló que, en lo que va de este año, se han recibido 8,570 reportes de accidentes viales y que, tan solo en septiembre, se registraron seis decesos. Y el ISSEA ha reiterado que los siniestros viales son ya una de las principales causas de muerte en la entidad, especialmente entre jóvenes de 20 a 30 años.

Mejorar la seguridad vial implica reducir factores de riesgo que aumentan la frecuencia y gravedad de los accidentes, como la velocidad vehicular. Estudios muestran que, en zonas urbanas, un incremento de apenas 1 km/h en la velocidad promedio puede elevar el riesgo de colisión en 3% y el de mortalidad en 4–5%. Una mayor velocidad reduce el campo visual del conductor y limita su capacidad de anticipar la presencia de otros usuarios en la vía. Además, la velocidad incrementa la distancia de frenado: un vehículo que circula a 30 km/h requiere al menos 14 metros para detenerse; a 50 km/h, 26 metros; y a 65 km/h, alrededor de 44 metros.

Ahora bien, la velocidad vehicular no depende únicamente de los conductores. Está relacionada con el diseño, construcción y operación de las vialidades. Calles anchas, sin semáforos, reductores de velocidad ni cruces peatonales a nivel inducen velocidades más altas. Por ello, es contradictorio esperar que los automovilistas reduzcan su velocidad cuando las propias vialidades han sido diseñadas como autopistas. El circuito de “flujo continuo” en Segundo Anillo es un ejemplo claro, donde se han detectado vehículos circulando a 130 o 140 km/h, pese a que el límite es de 60 km/h.

En este contexto, ha surgido nuevamente la discusión sobre la reinstalación de las fotomultas en Aguascalientes. Mientras algunos las defienden como medida preventiva, otros cuestionan su legalidad, su esquema de cobro o las rechazan por motivos electorales. Aun así, el actual director de movilidad del municipio reconoció en días recientes que el sistema de fotomultas que existió hace algunos años “funcionó en su momento, yo fui testigo de que bajó mucho el índice de accidentes…” ¿Son, entonces, una buena solución? Veamos.

Las fotomultas —llamadas cámaras salvavidas en otras ciudades, pues ese es su propósito principal— son dispositivos automatizados que registran el exceso de velocidad y permiten sancionar al infractor sin necesidad de una intervención directa del agente de tránsito. Esto disminuye costos de operación, evita la discrecionalidad y facilita el monitoreo continuo.

La evidencia respalda su efectividad. Según el World Resources Institute, en Guadalajara, Jalisco, entre 2010 y 2015, las fotomultas contribuyeron a la “reducción de 52.8% de muertes por hechos de tránsito en una de las vías más conflictivas, que es caso del periférico”. El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, muestra que, en Sao Paulo, Brasil, “de 2016 a 2020, la presencia de radares redujo los siniestros de tránsito entre 33% y 44%, el número de personas lesionadas entre 31% y 54% y el número de personas fallecidas entre 41% y 94 %, según las vías analizadas.  Y un estudio del Banco Mundial concluye que estos dispositivos han disminuido la ocurrencia y severidad de los siniestros en muchas ciudades del mundo. Un ejemplo es en Nueva Gales, Australia, donde la instalación de 28 cámaras en algunas vialidades logró una reducción promedio del 71% en el exceso de velocidad.

Sin embargo, su eficacia y legitimidad dependen de contar con esquemas legales y administrativos y sistemas tecnológicos sólidos que garanticen procesos justos, transparentes y verificables. Deben sustentarse en un marco normativo adecuado, evitar incentivos perversos —como el pago a empresas privadas con base en el número de infracciones cuando la operación se concesiona— y garantizar mecanismos de verificación que minimicen errores. Asimismo, los recursos generados pueden etiquetarse para mejorar la infraestructura urbana y su uso debe ser transparente y accesible para la ciudadanía.

La creciente inseguridad vial en Aguascalientes demanda acciones urgentes y decididas, basadas en evidencia y no en cálculos electorales. El problema no se resolverá con discursos ni con campañas publicitarias de bajo impacto, sino con medidas integrales que prioricen la vida e integridad de las personas. La discusión sobre las fotomultas, por tanto, no debería centrarse en si son efectivas o no —existe evidencia al respecto—, sino en cómo implementarlas en condiciones técnicas, jurídicas, financieras e institucionales adecuadas. O ¿qué alternativas con resultados comprobables proponen quienes las rechazan?

Este texto se publicó el 06 de octubre de 2025 en El Heraldo Aguascalientes.

fernando.granados@alumni.harvard.edu | @fgranadosfranco