Aguascalientes enfrenta un problema doble en materia de espacios públicos: no solo cuenta con una oferta limitada en términos cuantitativos, sino que muchos de los espacios existentes son de baja calidad. Los parques de la ciudad ofrecen pocas actividades de interés, carecen de programación deportiva, recreativa o cultural atractiva y, con frecuencia, tampoco cuentan con suficiente vegetación o sombra para hacer agradable la estancia. Al mismo tiempo, el modelo inmobiliario predominante -plazas comerciales rodeadas de estacionamientos, condominios cerrados con bardas y edificios sin usos activos en planta baja- inhibe la vida en las calles y concentra el esparcimiento en espacios cerrados. No es casualidad que cada vez más personas acudan a centros comerciales simplemente para caminar.
En ese contexto, tanto el gobierno estatal como el municipal carecen de una política integral de espacio público. En muchos años no se han construido parques ni plazas relevantes, y las intervenciones realizadas han sido, en su mayoría, meramente estéticas. Además, el mecanismo que debería compensar parcialmente esta carencia -las áreas de donación- tampoco ha funcionado adecuadamente. Muchos de estos espacios terminan abandonados, ya sea por falta de recursos para desarrollarlos y mantenerlos o, simplemente, porque el espacio público no forma parte de las prioridades.
Vale entonces la pena preguntarse si existen mecanismos alternativos para ampliar la oferta de espacios públicos. La respuesta es sí. Uno de ellos es el de los Espacios Públicos de Propiedad Privada: espacios abiertos al uso público que se ubican en terrenos privados y que son financiados, desarrollados y mantenidos por sus propietarios, generalmente a cambio de incentivos urbanísticos otorgados por el gobierno.
La lógica detrás de este mecanismo es relativamente simple. Las autoridades otorgan ciertos incentivos regulatorios -mayor altura, más área construible, reducciones en requisitos de estacionamiento, etcétera- a cambio de que los desarrolladores construyan, operen y mantengan espacios públicos en sus proyectos. Dado que los beneficios concedidos son de carácter permanente, la obligación de mantener el espacio abierto al público se establece a perpetuidad, independientemente de eventuales cambios en la propiedad del inmueble.
El modelo no es nuevo. Nueva York lo ha implementado desde 1961 para incentivar la creación de plazas públicas en zonas de alta densidad. Hoy, ciudades como Seattle y Santiago de Chile, entre muchas otras, utilizan esquemas similares para promover espacios abiertos de acceso público dentro de proyectos privados. En todos los casos, el principio es el mismo: alinear incentivos de desarrollo inmobiliario con objetivos urbanos y sociales más amplios.
Este mecanismo no está exento de críticas. Se argumenta que puede generar espacios cuya gestión favorezca intereses privados, o que su diseño responda más a las necesidades comerciales de los proyectos inmobiliarios que a las de la población en general. Son riesgos reales que deben atenderse mediante estándares de diseño claros, supervisión efectiva y criterios bien definidos de accesibilidad, operación y apertura al público. Pero esas limitaciones son corregibles con buena planeación y regulación. Lo que no parece corregible, bajo el modelo actual, es que no se construyan nuevos parques de calidad, que las áreas de donación sigan siendo terrenos abandonados y que la vida pública en las calles de Aguascalientes continúe extinguiéndose.
Desde luego, este mecanismo no sustituye la obligación del gobierno estatal y municipal de construir, operar y mantener un excelente sistema de espacios públicos, algo que hoy claramente no existe. Sin embargo, sí puede ayudar a que nuevos desarrollos inmobiliarios -condominios, edificios de departamentos o plazas comerciales- incorporen espacios públicos de pequeña y mediana escala que ayuden a dinamizar la vida urbana y a generar más oportunidades de convivencia, recreación y permanencia en el espacio público. En una ciudad donde la oferta de espacios de calidad es tan limitada, incluso intervenciones relativamente pequeñas pueden producir mejoras importantes.
Por último, este tipo de instrumentos no requiere grandes inversiones públicas, sino marcos regulatorios bien diseñados y voluntad política para implementarlos. Requiere también apertura para discutir ideas distintas y superar la actitud conformista que suele cancelar cualquier debate bajo el argumento de que “Aguascalientes no es Nueva York ni Seattle”. Evidentemente no lo es y no necesita serlo. La discusión no trata sobre la capacidad económica de una ciudad, sino sobre la disposición para adoptar instrumentos regulatorios que permitan corregir problemas que hoy son evidentes.
Si Aguascalientes aspira a convertirse en una ciudad más habitable, atractiva y con mayor vida pública, será necesario replantear tanto sus políticas de espacio público como el modelo de desarrollo urbano que ha predominado durante décadas. De lo contrario, la ciudad seguirá avanzando hacia un esquema donde la convivencia, el ocio y el esparcimiento ocurren cada vez más detrás de muros y puertas.
Este texto se publicó el 18 de mayo de 2026 en El Heraldo Aguascalientes.
fernando.granados@alumni.harvard.edu | @fgranadosfranco
Fernando Granados Franco 
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