Fernando Granados Franco

En las últimas semanas, Aguascalientes ha experimentado precipitaciones intensas que han inundado distintos puntos de la ciudad, afectando infraestructura, viviendas y servicios. Como cada año, estas inundaciones evidencian que la ciudad no está diseñada ni preparada para enfrentar fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Y como cada año, queda en evidencia que sucesivos gobiernos han hecho poco para mejorar la capacidad de la ciudad de resistir lluvias extremas. En ese sentido, vale la pena analizar por qué se generan las inundaciones pluviales y qué hacen otras ciudades para atenderlas.

Las inundaciones pluviales ocurren cuando lluvias intensas superan la capacidad de los sistemas de drenaje, o cuando el agua cae sobre superficies impermeables que impiden su infiltración al suelo. En Aguascalientes varios factores agravan el problema. La urbanización acelerada ha cubierto grandes extensiones de suelo con asfalto y concreto, generando escorrentías que desbordan los sistemas de drenaje. Parte de la infraestructura existente fue diseñada con base en patrones de lluvia que ya no corresponden a la realidad climática actual. La acumulación de residuos satura el sistema de alcantarillado y el mantenimiento evidentemente no es óptimo, agravando el problema.

Este no es un fenómeno exclusivo de Aguascalientes. De acuerdo con el BID, el drenaje urbano es uno de los aspectos menos atendidos en la gestión de los recursos hídricos en América Latina. Desde los años cincuenta, los países de la región priorizaron ampliar la cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario para satisfacer las necesidades del crecimiento urbano, mientras acumulaban rezagos en infraestructura pluvial. Las consecuencias no son menores: las inundaciones destruyen el patrimonio de los hogares, interrumpen actividades económicas, paralizan la movilidad urbana, etc.

En ese contexto, Aguascalientes necesita adoptar nuevas estrategias para adaptarse a condiciones climáticas cambiantes y prevenir daños futuros. Una sumamente importante es contar con instrumentos normativos que incorporen criterios rigurosos de planeación urbana: delimitar y respetar zonas de riesgo no mitigable, y exigir medidas de gestión de agua pluvial en todos los nuevos desarrollos inmobiliarios. Sin regulación del desarrollo urbano que tome en serio el riesgo de inundación, cualquier otra intervención resultará insuficiente.

La experiencia internacional ofrece referentes concretos. Houston, tras el huracán Harvey en 2017, reformó su reglamento de zonificación para delimitar zonas de riesgo de inundación con restricciones y prohibiciones de construcción más estrictas, y exigir que las edificaciones en esas zonas eleven su nivel de piso terminado por encima de la cota de inundación definida en los mapas de riesgo —mapas que, en muchas ciudades, se actualizan periódicamente y están vinculados de manera obligatoria a los instrumentos de planeación territorial.

Otras ciudades han estableciendo requisitos más exigentes de permeabilidad e infraestructura verde directamente en sus reglamentos de construcción y desarrollo urbano. Alemania, por ejemplo, implementó desde los años noventa el concepto de Versiegelungsgrad, que mide el porcentaje de suelo cubierto con materiales impermeables como asfalto y concreto en las construcciones, y limita ese porcentaje en función del tipo de uso de suelo. El principio es simple: menos suelo impermeable disminuye las escorrentías y la probabilidad de inundación.

Tokio, por su parte, exige desde 2001 que los edificios con más de mil metros cuadrados de superficie de terreno instalen techos verdes, con una cobertura mínima de entre 20% y 25% del espacio disponible en azotea, dependiendo del tamaño del inmueble, lo cual busca que disminuir el agua pluvial que va al drenaje público. Igualmente, Buenos Aires aprobó en 2012 la Ley 4428, que otorga descuentos de hasta 20% en la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza a edificios nuevos y existentes que instalen azoteas verdes.

Nueva Orleans, por su parte, exige que la mayoría de los nuevos proyectos inmobiliarios gestionen la primera pulgada y media de agua pluvial dentro del propio predio, compartiendo parte de la responsabilidad del riesgo de inundación. Los desarrolladores además deben presentar planes de manejo de aguas pluviales como requisito para obtener permisos de construcción. En una lógica similar, algunas ciudades imponen contribuciones especiales a los desarrollos que incrementen el volumen de escorrentía superficial que va al drenaje público sin contar con sistemas propios de retención, trasladando parte del costo de la infraestructura pluvial. Otras exigen pavimento permeable en estacionamientos de desarrollos comerciales e industriales, y algunas han establecido seguros obligatorios contra inundación en zonas de alto riesgo, generando incentivos de mercado para reducir la exposición de las construcciones a las inundaciones.

Lo que resulta evidente es que no existe una solución única ni inmediata. Las ciudades que han avanzado de manera significativa en la mitigación de las inundaciones lo han hecho a partir de estrategias integrales, sostenidas en el tiempo y respaldadas por marcos normativos sólidos. Aguascalientes, en cambio, sigue respondiendo al problema de manera reactiva, año tras año, sin que exista una estrategia clara ni voluntad suficiente para atenderlo de fondo. El costo de esa omisión lo siguen pagando la gente y la ciudad.

Este texto se publicó el 29 de junio de 2026 en El Heraldo Aguascalientes.

fernando.granados@alumni.harvard.edu | @fgranadosfranco