Fernando Granados Franco

La muerte reciente de un joven de 21 años que se desplazaba en bicicleta por avenida Universidad, al caer sobre el arroyo vehicular a causa de una alcantarilla mal colocada y una obra mal señalizada que llevaba días inconclusa, es una muestra más de una problemática latente e incontenible en Aguascalientes: los siniestros viales están cobrando cada vez más vidas y causando lesiones graves, mientras las autoridades permanecen prácticamente indiferentes.

Nadie debería perder la vida por desplazarse en las calles de su ciudad, y mucho menos a causa del mal estado de las vialidades. Lo ocurrido es la consecuencia de un problema estructural de operación y mantenimiento de infraestructura que el gobierno tiene la obligación de atender. La muerte de este joven era evitable de haberse resuelto el problema de manera oportuna. No se necesita otra explicación del gobierno; se necesita que los problemas se resuelvan de manera correcta y a tiempo, y que la infraestructura de movilidad se diseñe, construya, opere y mantenga con estándares reales de calidad y seguridad.

La seguridad vial es una responsabilidad compartida que incluye a las autoridades correspondientes. Veamos: ¿el diseño de la ciclovía cumplía con la Norma Oficial Mexicana 004 en materia de diseño de vías urbanas? No. ¿La ciclovía estaba en excelente estado físico? No. ¿El mantenimiento aseguraba desplazamientos seguros? No. ¿Había una tapa de alcantarilla mal colocada que representaba un riesgo para los ciclistas? Sí. ¿La obra que MIAA realizaba sobre dicha ciclovía estaba debidamente señalizada, incluyendo señalética luminosa para hacerla visible durante la noche? No. Es innegable, por tanto, que, en este caso particular, el gobierno tiene responsabilidad.

Ahora bien, Aguascalientes enfrenta un problema real de movilidad y salud pública en materia de seguridad vial. Según los datos públicos más recientes del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, solo en 2023 murieron 251 personas en siniestros viales en la entidad, equivalente a una persona cada 35 horas. En ese mismo año, 1,517 personas resultaron lesionadas, un promedio de cuatro al día. Son cifras que, por sí solas, deberían ser un llamado urgente a la acción, si no fuese porque esta problemática tiende a normalizarse e invisibilizarse. Por eso conviene recordar que todas las personas fallecidas y lesionadas en siniestros viales no son estadísticas; tienen nombre y apellido, son padres, madres, hijos, parejas, amigos.

Lo anterior es aún más grave si se considera que un porcentaje elevado de los siniestros son prevenibles mediante la aplicación rigurosa de la normativa vial, intervenciones de diseño en calles, banquetas, ciclovías, etc., y el mantenimiento permanente y oportuno de la infraestructura. Así lo han entendido muchos gobiernos en el mundo que, conscientes del enorme reto que representa la seguridad vial, han adoptado lo que en movilidad se conoce como “Visión Cero”: un plan, con acciones y presupuesto, para reducir a cero las muertes y lesiones graves por siniestros viales. Para eso se requieren metas claras, recursos y equipos suficientes, pero sobre todo interés, voluntad y compromiso real por mejorar la vida de las personas —el fin último de la política y la función pública.

En Aguascalientes, en cambio, no existe ningún esfuerzo real para mejorar la seguridad vial, y medidas que en muchas ciudades han probado ser efectivas —por ejemplo, fotoinfracciones para reducir la velocidad, operativos de alcoholimetría para evitar conducir en estado de ebriedad, diseño vial con enfoque seguro para reducir la gravedad de las colisiones— llevan tiempo sin realizarse de manera seria en la entidad. Al mismo tiempo, los gobiernos destinan incontables recursos a construir vialidades de alta velocidad —como el “circuito de flujo continuo” del Segundo Anillo— sin ninguna medida complementaria que induzca a manejar con responsabilidad, ni inversiones relevantes en infraestructura para otros modos de transporte, a pesar de que, según el INEGI, el 72% de las personas que se desplazan a un lugar de estudio en Aguascalientes lo hace en modos distintos al automóvil —caminando, en bicicleta o en transporte colectivo—, y que el 64% se traslada a su trabajo también en modos distintos al automóvil.

Por ese motivo, las calles deben diseñarse, operarse y mantenerse para garantizar desplazamientos seguros para todas las personas, incluyendo automovilistas, peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

En suma, el gobierno debe tomarse esta problemática con seriedad y responsabilidad. Cada siniestro vial evitable que no se evita es una omisión.

Este texto se publicó el 27 de julio de 2026 en El Heraldo Aguascalientes.

fernando.granados@alumni.harvard.edu | @fgranadosfranco